Columna de Opinión: Modernizar la gestión en el Estado: Un imperativo
- El Presidente ha firmado un proyecto de ley que busca mejorar la gestión del Estado, en particular, coordinar mejor la ejecución de las políticas públicas, dando más celeridad y cohesión a la estrategia de Gobierno y de paso permitir un uso más eficiente de los recursos fiscales. Asimismo, perfeccionar la Alta Dirección Pública (ADP) en la selección de directivos, elevar su permanencia en los cargos y proteger el sistema de potenciales amenazas de pérdida de credibilidad.
Es sabido que nuestro Estado ha exhibido históricamente fallas sistémicas que impiden impulsar de un modo más efectivo y eficiente los planes del Gobierno. Hay una suerte de fragmentación en muchos niveles y una de ellas es la falta de diálogo entre quienes formulan y diseñan las políticas públicas y los servicios encargados de ponerlas en marcha.
Este Gobierno ha hecho avances sustantivos para cerrar estas brechas de coordinación y de seguimiento de planes, con foco en los resultados, mediante la labor de la Secretaría General de la Presidencia y su Unidad de Cumplimiento.
De igual modo, el programa Chile-Gestiona que involucra a 70 servicios y 100 mil trabajadores públicos, ha sido un articulador entre las subsecretarías y los servicios a su cargo, promoviendo un mayor diálogo y obteniendo mejoras en su gestión interna al reducir el ausentismo, aumentar la recuperación de licencias médicas y contar con una planificación adecuada de las horas extraordinarias, para una mejor conciliación vida laboral y trabajo. Asimismo, ha habido un cambio de énfasis en la evaluación global de los servicios, desde la medición de procesos a indicadores de resultados que se asocian al “giro de negocios”. El Servicio Civil, por su parte, con una cobertura de alrededor de 40 mil funcionarios, ha prestado asesoría a los servicios para introducir mejores prácticas laborales, como la creación de políticas transparentes para el ingreso a los cargos a contrata, mayor claridad en las recontrataciones y en los aumentos de grado, así como el perfeccionamiento de la reglamentación sobre el sistema de calificaciones.
Con todo, para consolidar estos logros es imperativo introducir reformas legales. El proyecto de ley fortalece el rol de apoyo, coordinación y rendición de cuentas que deben cumplir los Subsecretarios con los jefes de sus servicios y releva la importancia de los Directores de Gestión que colaboran en estas funciones. Un “Delegado” de alto rango reportará periódicamente al Presidente de la República los avances y logros en estas materias.
En la Alta Dirección Pública, se disponen medidas para agilizar los concursos con plazos máximos para informar vacantes y enviar perfiles y otras para dar mayor flexibilidad a los procesos de selección.
El proyecto se hace cargo de la baja permanencia promedio de los directivos públicos, en razón a la alta tasa de desvinculaciones en cargos que son de exclusiva confianza. En cargos de segundo nivel jerárquico ocurre a menudo que la llegada de una nueva autoridad corre paralelo con la solicitud de renuncia de directivos de su dependencia, con el fin de nombrar a provisionales y transitorios; en ocasiones, incluso antes de evaluar las cualidades de quienes estaban ejerciendo dichos cargos. Este apresuramiento no es conveniente. Por tanto, el proyecto establece que en ese nivel, que son el 80% de los ADP, el directivo provisional, si concursa, no puede ser elegido como titular. Se busca estimular una actitud más reflexiva antes de proceder a desvincular, lo que debiera dar mayor estabilidad a los nombramientos. Además, evitar la deserción de buenos candidatos que pueden suponer que los provisionales gozan de ventajas competitivas y serán finalmente elegidos. Por último, un provisional en un concurso puede prestarse para presiones para que su candidatura llegue a la nómina, y aunque no haya evidencia de tales prácticas, es un flanco abierto que podría dañar la confianza en el sistema. En consecuencia, este cambio normativo es esencial para fortalecer el pilar de mérito como un factor discriminante clave para desempeñar cargos públicos.
Urge mantener el rumbo de reformas modernizadoras para hacer más fluida y eficaz la coordinación entre entidades públicas, elevar la productividad en la gestión y generar ambientes laborales más gratos y estimulantes. En la antesala de un cambio de Gobierno, resulta propicio el momento para la discusión de este proyecto de ley que, sin duda, representa un renovado impulso para una gestión de mayor calidad en el Estado chileno.
Carlos Williamson B.
Director Nacional Servicio Civil
(Columna publicada en El Mercurio, 31 de agosto 2013)