Consejo de Alta Dirección Pública se reunió con principales Centros de estudios del país
Un amplio consenso respecto a la necesidad de perfeccionar y fortalecer la Alta Dirección Pública (ADP) fue una de las principales conclusiones del encuentro que sostuvo el Consejo de Alta Dirección Pública con representantes de algunos de los principales centros de estudios del país.
El encuentro, que se desarrolla en momentos en que la Comisión de Hacienda del Senado discute un proyecto de ley que perfecciona la Alta Dirección Pública, forma parte de una serie de reuniones que ha sostenido en los últimos meses el organismo para compartir puntos de vista sobre cómo mejorar la ADP. A estas reuniones han sido invitados parlamentarios de distintas bancadas, universidades y otros actores relevantes del quehacer nacional y se contempla también la realización de un seminario internacional en la materia en los próximos meses.
El Consejo de Alta Dirección Pública está formado por Carlos Williamson, presidente y director del Servicio Civil y por los consejeros Rafael Blanco, Beatriz Corbo, Rodrigo Egaña y María Loreto Lira.
Asistieron a la reunión Luis Larraín, Director del Instituto Libertad y Desarrollo; Macarena Lobos, Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo de CIEPLAN; Jaime Bellolio, Subdirector de la Fundación Jaime Guzmán y Cristina Orellana, Secretaria Ejecutiva del Centro Democracia y Comunidad (CDC). Se sumó a ellos Jorge Marshall, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello y ex Expansiva.
El director del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Carlos Williamson, dijo que “nuestro objetivo es aportar a la discusión sobre cómo fortalecer un sistema que le ha hecho bien al país y que a siete años de su creación necesita perfeccionarse. En esto no hay una opinión distinta y los centros de estudios coinciden con esta mirada”.
Williamson recordó que “actualmente el Congreso Nacional discute la llamada ley corta, que introduce una serie de perfeccionamientos a la ADP, que en líneas centrales busca disminuir los plazos, evitar la declaración de concursos desiertos y regular la figura de los provisionales y transitorios, entre otros. Se trata de un punto de partida a una serie de reformas que el Gobierno está discutiendo y preparando, proceso en que el Consejo de Alta Dirección Pública ha aportado con su mirada y experiencia”.
Respecto a la tramitación de la llamada ley corta, dijo que “más allá de las opiniones respecto a este proyecto, es muy importante su aprobación porque es un gran avance, que permite también generar y caminar en los consensos para materias de más largo plazo como son el crecimiento del sistema, la evaluación del desempeño del directivo, su estabilidad laboral y otros arreglos institucionales”. “Como ADP hemos avanzado en la disminución de los concursos desiertos y en la disminución de los tiempos de duración de los concursos, pero creemos ciertamente que un mejoramiento de mayor alcance pasa por revisar algunos aspectos de su institucionalidad”, dijo Williamson.
OPINIONES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS:
Jaime Bellolio, Subdirector Fundación Jaime Guzmán:
“La administración de un Estado moderno es de especial dificultad, ya que no sólo se trata de un sistema complejo, sino que no hay claridad ni consenso en un único objetivo o estrategia a seguir. En esa lógica, un sistema de Alta Dirección Pública que cuente con legitimidad política e institucional, más que sólo hacer selección de candidatos para cargos específicos, debe ir hacia gestionar el talento directivo, tanto en su capacitación permanente, como en producir sinergias”.
“Para atraer a más y mejor talento al gobierno, se necesita que sea un lugar desafiante en lo profesional y en lo personal. Aquí cobra mayor importancia el establecimiento de contratos de desempeño exigentes, introducción de incentivos y variabilidad en salario para la buena gestión, entre otros”.
“Es necesario relevar la importancia y urgencia que significa contar con un Estado moderno, al servicio de las personas, donde si bien los resultados no se ven en lo inmediato, sí implica un potencial enorme y duradero para los años que vienen”.
Macarena Lobos, Secretaria Ejecutiva de Programa Legislativo de CIEPLAN:
“En los últimos veinte años se avanzó en la modernización del Estado, siendo un hito fundamental la creación del Sistema de Alta Dirección Pública. Con la maduración del Sistema, hoy existe amplio consenso en la necesidad de perfeccionarlo, abarcando elementos como el mejoramiento de los convenios de desempeño y el mecanismo de remoción de los altos directivos, entre otros”.
“El proyecto de ley actualmente en tramitación parlamentaria es un avance en la materia, pero tímido. Creemos que este proyecto debe aprovecharse como una oportunidad para avanzar más decididamente en la legitimación del Sistema, la que ha sido puesta en entredicho por las numerosas solicitudes de renuncias ocurridas luego del cambio de gobierno”.
Luis Larraín, Director de Libertad y Desarrollo:
“Nuestra postura como Libertad y Desarrollo es ampliarlo a otros servicios e incorporar más personal técnico de la administración pública al sistema. Para ello es importante difundir algunos de sus resultados, de manera que se vaya prestigiando”.
“Sería conveniente también aprobar el proyecto que está en el Congreso que se refiere, entre otras cosas, a los nombramientos de interinos en los cargos de ADP y que acorta los plazos de selección de los directivos”.
“Nos parece importante estudiar a futuro cambios más ambiciosos destinados a profesionalizar la administración pública, tener una política de recursos humanos en el sector público y perfeccionar los convenios de desempeño entre altos directivos públicos y los Ministerios”.
Cristina Orellana, Secretaria Ejecutiva del Centro Democracia y Comunidad (CDC):
“Para nosotros es relevante contribuir al debate país sobre el futuro de la Alta Dirección Pública, este es un problema que trasciende a los gobiernos y los colores políticos y dice relación con la construcción de un modelo que esté más allá del gobierno de turno. Por ejemplo, no podemos repetir lo que sucedido el 2010, en que cerca del 60% de los directivos de primer nivel fueron desvinculados de sus cargos, este sistema hay que fortalecerlo y hacer los cambios necesarios para mejorarlo”.
“Existen muchas limitaciones que hay que solucionar en el servicio público y en la Alta Dirección Pública, como que se reconozca efectivamente la excelencia y baje la desconfianza, asegurar procesos que garanticen mayor trasparencia y facilitar el reclutamiento a través de incentivos y mejores rentas, son sólo algunos de los objetivos básicos que hay que perseguir de manera de atraer a los mejores profesionales”.