Participa en la consulta ciudadana para modernizar el empleo público


 

– Gobierno inició proceso participativo para que ciudadanía y funcionarios públicos opinen sobre el anteproyecto de ley que busca modernizar el empleo público.

– Éste tiene entre sus propuestas establecer una relación laboral indefinida con indemnización; fijar el mérito como requisito permanente de contratación en el Estado; limitar los asesores de confianza por parte de las autoridades de gobierno; y regular el teletrabajo en el sector público.

 

El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó hoy una consulta pública sobre modernización al empleo público que se enmarca en la Agenda de Modernización del Estado del Presidente Sebastián Piñera.

Los funcionarios públicos y la ciudadanía podrán participar entre los días 7 y 28 de enero, en forma voluntaria y confidencial, ingresando al sitio web www.consultahacienda.cl donde podrá conocer el anteproyecto y entregar sus opiniones.

Los resultados se presentarán de forma agregada y anónima al finalizar el proceso en el mismo sitio web, y servirán de bases para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público.

 

Propuestas para Modernizar el Empleo Público

El anteproyecto busca generar reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, mayoritarios en el sector público. Para ello se propone una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así los derechos con los que cuentan el resto de los trabajadores formales del país.

Además, busca hacer más exigente y en igualdad de condiciones el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También propone limitar el nombramiento de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura.

Asimismo, busca promover oportunidades de desarrollo laboral para los funcionarios públicos, regular el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, y sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, el maltrato y el acoso laboral y sexual.

 

El Anteproyecto contiene 6 ejes:

1. Crea una nueva relación laboral entre los funcionarios/as públicos/as y el Estado. Establece un vínculo laboral indefinido con indemnización al egreso para los funcionarios a “contrata” y “honorarios” que cumplan tareas permanentes (270 mil personas aprox.). Todo nuevo ingreso al Estado (Gobierno Central) se regirá por esta regla.

2. Establece el mérito como requisito para un ingreso abierto y competitivo al empleo público, de acuerdo a las competencias, aptitudes y conocimientos de los funcionarios, en procesos transparentes y regulados por el Servicio Civil.

3. Promueve oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral para los funcionarios públicos, permitiendo la movilidad entre las instituciones del Estado y mejorando el sistema de evaluación del desempeño.

4. Acota los cargos de confianza de cada Gobierno, separándolos de los funcionarios de Estado y creando una categoría de “asesores de gobierno”, destinado al personal de confianza. Estos deben renunciar junto con la autoridad.

5. Regula el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, respetando la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar.

6. Sanciona de manera efectiva las faltas a la probidad, maltrato y acoso laboral y sexual en el Estado, perfeccionando los procedimientos y estableciendo la dedicación exclusiva en los sumarios administrativos.

 

Esta propuesta tiene como alcance el gobierno central, es decir, los ministerios y servicios públicos. No considera a los funcionarios municipales, de empresas estatales, ni Fuerzas Armadas y de Orden. De acuerdo a información de la DIPRES (septiembre de 2020), 420.018 personas trabajaban en el gobierno central: de ellas, 225.617 personas corresponden a personal a “contrata” (54%); 93.092 a personal de “planta” (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 54.654 a otras modalidades (13%).