Presidenta Michelle Bachelet nombró a Andrés Mahnke como Defensor Nacional


La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, nombró a Andrés Mahnke Malschafsky como Defensor Penal Público, tras un concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Mahnke, quien se desempeñaba como Director Administrativo Nacional de la Defensoría Penal Pública desde el año 2011, es abogado de la Universidad de Valparaíso y Diplomado en Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Ha ocupado cargos ejecutivos en dirección de políticas públicas en áreas de Reformas a la Justicia y Modernización del Estado.

Durante 8 años participó en el proceso de modernización del sistema de justicia en Chile, donde ocupó entre otros cargos el de Coordinador General de la Unidad de Reformas Judiciales del Ministerio de Justicia y el de Secretario Ejecutivo de la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal.

El concurso para proveer el cargo de Defensor Penal Público se inició el 13 de julio pasado con la publicación de la convocatoria en medios de circulación nacional, regionales y en el sitio Web del Servicio Civil. Se recibieron alrededor de 30 postulaciones, hasta su cierre el 11 de agosto 2014. La búsqueda especializada estuvo a cargo de la empresa Spencer Stuart, mientras que Deloitte fue la encargada de efectuar la evaluación de candidato/as.

El Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a 10 candidatos que llegaron a la etapa final del concurso. Posteriormente, envió la nómina final de candidatos elegibles a la Presidenta de la República,  para que efectuara el nombramiento.

La Defensoría Penal Pública fue creada en el 2001, en el marco de la Reforma Procesal Penal para proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a defensa y el debido proceso en el juicio penal. Es decir, a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado defensor.

Para cumplir su labor, la Defensoría Penal Pública atiende a quienes requieran de sus servicios  en todo Chile, a través de sus Defensorías Regionales. Para ello cuenta con una dotación cercana a las 600 personas, de las cuales 145 son defensores de la institución y más de 300 abogados privados con los que mantiene contrato a través de licitaciones públicas.