Servicio Civil analiza Código de Buenas Prácticas con dirigentes de la ANEF


Con el objetivo de promover e informar sobre los avances logrado en torno al Código de Buenas Prácticas Laborales, la Directora Nacional del Servicio Civil, Rossana Pérez, se reunió con dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, encabezados por su Presidente, Raúl de la Puente.

En el encuentro, que se desarrolló en la sede de la ANEF, en calle Tucapel Jiménez, la directora del Servicio Civil expuso sobre los principios, objetivos, directrices y resultados del diagnóstico que debieron entregar todos los servicios públicos, en el marco del plan de trabajo establecido por la DNSC en esta materia.

Rossana Pérez recordó que el Código fue una de las 36 medidas que la Presidenta Michelle Bachelet definió para sus primeros 100 días de gobierno, añadiendo que su objetivo es profundizar la igualdad de oportunidades y precaver y erradicar todo tipo de discriminación en el sector público.

Los dirigentes de la agrupación de empleados fiscales, en tanto, valoraron el Código como un instrumento que les permite a las asociaciones trabajar para mejorar las relaciones laborales. De ahí, entonces, la importancia que ellos atribuyen a participar en la implementación y seguimiento del Código al interior de los servicios.

Luego de esta primera reunión con la ANEF, el Plan de Trabajo establecido por el Servicio Civil contempla llevar a cabo en las próximas semanas reuniones con otros dirigentes de asociaciones nacionales y con dirigente regionales del sector público.

Los servicios, tras entregar un Diagnóstico, presentaron al Servicio Civil en marzo pasado el Plan Trienal de Buenas Prácticas Laborales el que incorpora y desarrolla las directrices emanadas del Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales, especificando objetivos, metas, medidas, responsables, plazos, formas de implementación y mecanismos de control y seguimiento.

Según el Instructivo Presidencial, la Dirección Nacional de Servicio Civil tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de éste, debiendo orientar la elaboración de los Planes de Buenas Prácticas Laborales de los servicios públicos o ministerios y evaluar los grados de cumplimiento.